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Girardota, 20 de abril de 2026
COMUNICADO
En el marco de un proceso de actualización catastral sin precedentes en el municipio de Girardota, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) fue designada como gestor catastral, encargándose de definir los nuevos avalúos de todos los inmuebles en nuestro municipio. Estos recientes avalúos han llevado a incrementos desproporcionados, en muchos casos multiplicándose más de 10 veces respecto de su avalúo anterior, lo que ha convertido a miles de girardotanos en «ricos de papel», desconociendo la realidad económica de nuestro territorio.
Esta situación genera una afectación directa en la capacidad real de pago de los ciudadanos y al principio de progresividad tributaria, pilares fundamentales del sistema fiscal colombiano.
Los nuevos avalúos impactan directamente el cálculo del impuesto predial. Aunque el incremento para este año, solo en el concepto de impuesto predial, está limitado al 25% en el sector vivienda y agrícola, se prevé que en el segundo año suba hasta el 50% y el tercer año se aplique la tarifa completa. Este aumento también tendrá repercusiones en otros impuestos del orden nacional, como la declaración de renta, el impuesto a la riqueza y costos en transferencias, compraventas y sucesiones.
El pasado viernes 17 de abril, la Personería Municipal convocó una reunión con el equipo de gestión catastral del Área Metropolitana, la subdirectora de planeación de la misma entidad, el operador del contrato y la secretaria de Hacienda del municipio, donde, se solicitó una nueva valoración y rectificación de los avalúos catastrales, pero la respuesta fue clara: “No, los avalúos generados están conforme a la norma y no se pueden modificar”, salvo correcciones por errores en casos puntuales.
En este punto, es crucial destacar que en la factura del impuesto predial se incluye la tasa ambiental, correspondiente al 2 x 1000 del valor del avalúo en el sector urbano, y cuyo beneficiario final es el Área Metropolitana.
Esta coincidencia entre la entidad que define los avalúos y la que se beneficia de los recursos generados por el mismo avalúo, amerita una revisión de un posible y eventual conflicto de interés desde los principios de transparencia, progresividad, moralidad administrativa y confianza pública, situación que hoy debe ser el centro de la discusión.
Por lo tanto, cualquier intento de la administración municipal por ofrecer descuentos o deducciones en el concepto de impuesto predial, resulta ser soluciones cortas que no abordan el problema fundamental, que no es otro que el aumento desmedido de los avalúos catastrales.
En este sentido, la Personería Municipal reitera la necesidad de que las autoridades competentes evalúen integralmente el proceso de actualización catastral, no solo desde su legalidad formal, sino también desde sus efectos reales sobre la equidad tributaria y las condiciones socioeconómicas de la población.
Hacemos un llamado a la administración municipal, a las instituciones competentes, organismos de control y ciudadanía en general, para que en conjunto hagamos uso de los mecanismos legales disponibles para la revisión de todo este proceso de actualización catastral, empezando por la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 49 de la Ley 2293 de 2023, que contempla la suspensión temporal de procesos de actualización catastral cuando existen inconsistencias.
Desde la Personería Municipal brindaremos acompañamiento jurídico y orientación a los ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos, facilitando la presentación de reclamaciones individuales y colectivas frente a los avalúos establecidos.
De igual manera, nuestro equipo jurídico, se encuentra evaluando la procedencia de acciones legales orientadas a revisar la legalidad, ejecución e impactos del contrato de actualización catastral, en el marco del respeto por los principios de moralidad pública, transparencia, progresividad y el debido proceso.
Luis Miguel Correa
Personero
